Desde mayo de 2023, Local Traders, una plataforma chilena de intercambio de criptomonedas entre usuarios (P2P), y el exchange cripto de origen chino Gate.io mantienen una disputa por 400.000 dólares. Todo comenzó cuando Local Traders fue víctima de un robo de criptomonedas valoradas en ese momento en 120 millones de pesos chilenos. Hoy, dicho botín equivale a unos 500.000 dólares.
Tras una investigación en la que participaron la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, una de las 19 fiscalías regionales del Ministerio Público de Chile, y la firma especializada en inteligencia blockchain TRM Labs, el dinero pudo ser localizado. Las billeteras utilizadas por los atacantes quedaron registradas en la blockchain y los investigadores pudieron localizar parte de los activos en cuentas vinculadas a los exchanges Gate.io y Binance.
Año y medio después del suceso, el 18 de noviembre de 2024, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile autorizó la incautación de los activos identificados durante la investigación y el 27 de febrero de 2025, el mismo tribunal ordenó que dichos criptoactivos fueran transferidos a la billetera de la víctima. Dos meses más tarde, el 28 de abril de 2025, la fiscal Alejandra Godoy volvió a requerir la ejecución de la transferencia y concedió un plazo de cinco días para hacerlo.
Binance sí cumplió con los tribunales
Según Abdul Rehman, cofundador de Local Traders, la resolución quedó firme para su ejecución el pasado 21 de agosto de 2025. El exchange Binance, también implicado en el asunto, cumplió la orden de los tribunales y transfirió aproximadamente 100.000 dólares de los fondos identificados durante la investigación a Local Traders.
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Sin embargo, cerca de 400.000 dólares aún continúan pendientes de restitución porque siguen estando en Gate.io. La plataforma rechaza las acusaciones y sostiene que no forma parte del procedimiento penal chileno, que ha actuado únicamente como tercero colaborador y que ha cooperado con las autoridades durante toda la investigación. También niega haber incumplido obligación legal alguna.
Si una parte de los fondos ha sido devuelto y existen resoluciones judiciales firmes y ejecutables, ¿por qué el conflicto sigue abierto tres años después? A juicio de Rehman, la respuesta tiene que ver con las fronteras de la economía digital. Rehman explica a Observatorio Blockchain que han intentado todas las vías posibles.
El periplo de Local Traders
«Contratamos abogados en Lituania, donde Gate opera a través de Gate Global UAB. Presentamos toda la documentación requerida: resoluciones judiciales, traducciones oficiales y certificaciones notariales. Solo este proceso nos supuso un coste cercano a los 15.000 euros. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Vilna rechazó nuestra solicitud argumentando que Chile no tiene un tratado de cooperación aplicable con Lituania para este caso. Posteriormente recurrimos ante la Corte Suprema, pero la petición también fue rechazada», relata Rehman
Tras el intento de Lituania, Local Traders actuó en Dubái, donde Gate opera mediante Gate Technology FZE. «Acudimos a las autoridades locales y al regulador VARA. La respuesta que recibimos fue que la iniciativa debía partir de las autoridades chilenas y no de nosotros como empresa afectada. Por su parte, las autoridades chilenas nos indicaron que no existían mecanismos de cooperación directa con Emiratos Árabes Unidos para avanzar en el procedimiento»
Ante esta situación, la empresa chilena exploró la vía de Estados Unidos, pero la respuesta fue que la jurisdicción competente para el caso era Panamá. Finalmente llegaron a Panamá, pero las autoridades panameñas les dijeron que el país no dispone de una legislación específica sobre criptomonedas que les permita actuar en este asunto.
Millones de dólares gastados
Rehman relata a este diario que tras años de investigaciones, resoluciones judiciales, solicitudes internacionales y decenas de miles de euros gastados en procedimientos legales, su empresa sigue sin recuperar los fondos que fueron robados a Local Traders que, según las investigaciones, permanecen bajo control de Gate.io.
Sin duda, el caso adquiere una dimensión mayor porque Gate.io no es una plataforma marginal. En febrero de 2022, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España advirtió que la plataforma no estaba autorizada para prestar determinados servicios de inversión regulados en el país. Era una advertencia habitual en una época en la que buena parte de la industria cripto operaba en un entorno normativo todavía difuso.
Pero el panorama ha cambiado y en la actualidad, Gate Technology Ltd está constituida en Malta y cuenta con autorización de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) para operar como proveedor de servicios de criptoactivos bajo el marco regulatorio europeo MiCA. Observatorio Blockchain contactó con los representantes legales de Gate.io para conocer su versión sobre los hechos, pero al cierre de esta edición no ha obtenido respuesta.
La reputación de Gate.io en juego
Es decir, se trata de una empresa que forma parte de la nueva generación de actores regulados del ecosistema cripto europeo. Para una industria que mueve miles de millones cada día, 400.000 dólares es una cifra relativamente pequeña. Por ello, la pregunta que cabe hacerse es qué valor tiene la confianza para Gate.io.
Durante años, el sector cripto ha intentado convencer a reguladores, bancos, inversores institucionales y usuarios de que puede formar parte del sistema financiero global. Ha buscado licencias, supervisión, reconocimiento jurídico y ha reclamado legitimidad. Pero la legitimidad no se construye solo con autorizaciones de los reguladores. Hace falta reputación y la reputación cuesta años construirla y apenas unos días ponerla en duda.
Por ello, la pregunta es si ¿le interesa realmente a una plataforma global como Gate.io poner en juego su reputación por 400.000 dólares?. Especialmente cuando uno de los otros actores implicados en la investigación, Binance, ya devolvió los fondos identificados a Local Traders.
El caso también pone de relieve el problema de vivir en una economía digital sin fronteras que sigue dependiendo de sistemas legales construidos para un mundo que sí las tenía.
